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La Renta Valenciana de Inclusión podrá ser indefinida y no exigirá la residencia legal para poder solicitarla

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La nueva ley de Renta Valenciana de Inclusión, la prestación que sustituirá la renta garantizada de ciudadanía, permitirá que esta ayuda tenga carácter indefinido, cuando la situación de la persona que la solicite se mantenga en el tiempo, y ampliará los requisitos para poder demandarla, de manera que será suficiente contar con la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para poder ser titular de la misma.

El borrador del anteproyecto de la ley ha sido presentado hoy en rueda de prensa por la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien ha destacado que con esta ley se cumple uno de los objetivos fundacionales del Consell del Botànic que es “rescatar personas”, creando una ayuda que sirva “realmente para terminar con la situación que viven muchas familias”.

En este sentido, ha recordado que cuando llegaron al gobierno, existía una situación de verdadera “alarma social”, con un población empobrecida, con una tasa de paro el 20,2 or ciento, que se eleva al 42 por ciento en el caso de los más jóvenes, y con una lista de espera para la tramitación de la renta que en algún momento llegó a las 20.000 personas y con retrasos de hasta 2 años.

Oltra ha explicado que ante esta situación se puso en marcha un plan de choque, que incluyó la consideración de la renta como un derecho subjetivo, y la consiguiente declaración de esta partida presupuestaria como crédito ampliable, y la aprobación de un decreto ley para agilizar trámites, y que ha permitido que 12.358 nuevas personas puedan acceder a esta prestación.

La vicepresidenta ha explicado que con la elaboración de esta ley, el Consell va más allá para superar una renta, “que no garantiza los derechos de muchas personas porque es muy restrictiva en el acceso, concede una cuantía insuficiente para vivir, y que obliga a sus beneficiarios a seguir un peregrinaje para lograr más ayudas y está altamente burocratizada”.

Frente a este modelo, la nueva ley impulsa una renta que llegará a más personas, ya que se flexibilizan los requisitos de acceso, siendo necesario sólo un año de empadronamiento, frente a los 24 meses actuales, exigiendo unicamente la residencia efectiva en la Comunitat Valenciana para tener derecho a la misma, y ampliando la edad de para poder solicitarla a los 18 años a la vez que se elimina el límite de edad para percibirla, cuando ahora era sólo para personas de entre 25 y 65 años.

Oltra ha destacado, entre las novedades que incorpora el nuevo texto normativo, el hecho de que se contemple la posibilidad de que la renta tenga carácter indefinido, cuando hasta ahora había un límite de 3 años, con una cadencia de dos. “La renta deber permitir a las personas rehacer su proyecto de vida, y por tanto no es viable poner fechas de caducidad, ni plazos aleatorios de renovación”, ha manifestado.

El borrador de ley también contempla la creación de distintos tipos de renta, así habrá una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no llegan al 80 por ciento del salario mínimo interprofesional, y una segunda de Inclusión Social, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos.

Así, el importe de ésta será de 531 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera, y en este último caso, si el solicitante renuncia voluntariamente a realizarlo mantendrá la ayuda, pero se reducirá hasta los 266 euros.

Oltra ha señalado que la nueva ley también apuesta por el municipalismo, en el sentido de que reconoce a los municipios “como actor principal de atención a las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social, así como para liderar los programas de inclusión y la coordinación técnica y administrativa” y ha indicado que este principio ya se recoge en los presupuestos de su Conselleria para el año próximo.

En este sentido, ha explicado que este año se ha previsto un presupuesto de 52,1 millones de euros, un 62 por ciento más que en 2016, que irá directamente a los ayuntamientos con el objetivo de recuperar “los servicios sociales municipales, como una verdadera atención de proximidad”, a través de la contratación de nuevo personal que permita la constitución de equipos base multidisciplinares.

Entre las mejoras que recoge el borrador, también se incluye la redefinición de las unidades de convivencia, de manera que ahora dos unidades de convivencia podrán tener el mismo domicilio, siempre que los servicios sociales así lo consideren, y la concentración de las ayudas, de manera que la persona que sea titular de la renta tendrá también acceso a beneficios en otros ámbitos como el educativo o el de vivienda, sin necesidad de tener que hacer trámites adicionales.