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Compromís se suma las movilizaciones contra la pobreza energética del 21D

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Compromís se adhiere al manifiesto contra la pobreza energética “#NoMásCortesDeLuz”, y se suma a las movilizaciones que tendrán lugar el miércoles 21 de diciembre en las principales capitales del País Valencià, para reclamar al Gobierno central que cumpla con la legislación europea sobre suministro eléctrico (Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE) y proteja a los usuarios más vulnerables prohibiendo los cortes de luz en los hogares en riesgo de exclusión social.

La pobreza energética es la dificultad de disponer de los servicios energéticos necesarios (electricidad, gas y agua) para vivir de manera digna, bien sea por factores internos en el hogar (ingresos bajos, ineficiencia de la vivienda, desinformación sobre factura energética, dolores hábitos, necesidades especiales, etc.) o por factores externos derivados del modelo energéticos (costes elevados, estricta regulación de desconexión, subvenciones insuficientes o ineficaces, complejidad del mercado, falta de transparencia, malas condiciones de habitabilidad del parque de vivienda, etc. ). La pobreza energética tiene un impacto profundo en la vida de las personas, con una demostrada influencia en su esperanza de vida y el empeoramiento de las enfermedades crónicas.

Para Compromís es necesario que la legislación estatal considere el suministro de luz, agua y gas como un derecho social básico que proteger, y para ello reclama al Gobierno central que cree una tarifa energética social para que las personas más vulnerables puedan acceder en función de sus ingresos, y propone modificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para la aplicación de tipos reducidos a electricidad, gas y agua, como bienes de primera necesidad.

Desde Compromís se ha recordado que el Consell ya ha puesto en marcha medidas para paliar las consecuencias de la pobreza energética, como el acuerdo firmado con varias empresas comercializadoras del sector energético para evitar cortes de agua, luz y gas a personas y familias en riesgo y en exclusión social, y las ayudas para pagar facturas energéticas, concedidas a través de los Ayuntamientos, a aquellas viviendas que por sus ingresos no puedan hacer frente a los pagos. Unas ayudas que en este primer año han beneficiados a más de 8.000 familias, y que se podrían incrementar si se contara con un sistema de financiación justo.