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Compromís reclama una reforma fiscal que avance en la premisa de quién contamina paga

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Compromís ha reclamado hoy al Gobierno una reforma fiscal que incentive los recursos renovables y penalice las fuentes de energía contaminantes bajo el criterio de ‘quien contamina paga’. La comisión europea volvió a suspender esta semana al Gobierno en materia de tributación verde. “¿Por qué los estados miembros se comprometen con algo que luego no cumplen?”, lamentó el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, en relación con el informe, solo por delante de Lituania y Eslovaquia.

Los datos evidencian el suspenso: los impuestos ambientales en España representaron en 2014 el 1,85% del PIB, frente al 2,46% de media en la Unión Europea.

“Las cifras demuestran el nulo compromiso medioambiental del Gobierno y la falta de voluntad de adoptar un sistema fiscal progresivo y justo”, ha señalado el diputado Ignasi Candela.

La formación valenciana ha exigido eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles –como el carbón y el diésel- y mejorar la gestión de los recursos naturales para favorecer el uso de fuentes renovables. Estas propuestas van en la línea de las recomendaciones europeas que instan al Gobierno de Rajoy a adoptar medidas para mejorar la calidad del aire, a fomentar la gestión eficiente del agua y a intensificar sus esfuerzos en el reciclaje y tratamiento de residuos.

Compromís ha criticado la irresponsabilidad recurrente del Ejecutivo en materia de Medio Ambiente y ha recordado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ya amonestó a España en 2015 por su baja recaudación en tributos ambientales.

El Consejo de Seguridad Nuclear concede larga vida a Garoña

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso, ha lamentado la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de avalar la reapertura de la central Garoña (Burgos) y ha preguntado al ministro de Energía, Álvaro Nadal, si piensa conceder la licencia de funcionamiento a una planta de más de 40 años. Baldoví ha cuestionado si el Gobierno tiene constancia de los fallos de seguridad en las instalaciones, según informaron esta semana técnicos de seguridad nuclear y ha recordado que el CSN exigió a la empresa propietaria ejecutar una serie de mejoras que no se han llevado a cabo.