La diputada y portavoz de Compromís en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio, Graciela Ferrer, ha presentado una iniciativa para que la Sindicatura de Cuentas lleve a cabo una auditoría de la gestión de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, en una muestra representativa de municipios de nuestro territorio. “El objetivo es garantizar estos servicios públicos esenciales y, con ello, el derecho humano al agua potable y al saneamiento de todos los valencianos y valencianas”, ha explicado.
“La realización de este derecho humano está vinculada a los servicios del ciclo integral del agua urbana, es decir, a los servicios de abastecimiento de agua potable y el saneamiento y depuración de las aguas residuales. En este contexto, los municipios tienen un papel fundamental, ya que son las administraciones públicas que ostentan las competencias sobre estos servicios, configurándose como servicios públicos de titularidad municipal”.
“Este hecho, junto con la diversidad de contextos climáticos, socio-económicos e históricos de nuestros pueblos y ciudades, hace que las características de la prestación de estos servicios a los ciudadanos varíen respecto al modelo de gestión adoptado (público, mixto o privado), la suficiencia, la calidad y la asequibilidad de los servicios, el estado de las infraestructuras, la toma de decisiones respecto a las inversiones y el mantenimiento a realizar y cómo se realizan, los costes de los servicios, la estructura tarifaria de repercusión de esos costes, los precios que pagan los ciudadanos, la transparencia de la gestión, el acceso a la información, las prácticas de rendición de cuentas, entre otros”.
Según Ferrer, “la Sindicatura de Cuentas es nuestra institución estatutaria independiente encargada del control del dinero público, es decir, del dinero de los valencianos y valencianas, y de cómo se utiliza. Esto no solamente implica fiscalizar que las cuentas respeten los principios contables y que cumplen las leyes vigentes, sino que la gestión de los recursos humanos, materiales y presupuestarios se haga de la manera más económica, eficaz y eficiente, y que se apliquen los criterios sociales, medioambientales y éticos”.
“Por todo esto, consideramos que es necesario que la Sindicatura incluya en su plan de trabajo la elaboración de un informe de fiscalización sobre la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, para garantizar el interés público, la calidad de los servicios públicos y la realización de los derechos humanos”, ha concluido la diputada Graciela Ferrer.