Representantes de Compromís en el Congreso, en el Consell, en la Diputación de València y en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en presencia de Águeda Micó, responsable del Área de Organización de la Coalición Compromís , han unido hoy las voces para reclamar un trato justo ante las negociaciones iniciadas en Madrid para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso, ha avanzado que la formación valenciana no se quedará al margen de las negociaciones y que estarán muy vigilantes para que los intereses valencianos estén representados. En ese sentido, ha apoyado la iniciativa del presidente de las Cortes, Enric Morera, de crear un frente valenciano en el Congreso, independientemente de su formación política, para que todos los diputados valencianos defiendan que las inversiones del Estado se ajusten al peso de la población de cada comunidad y reclaman para la comunidad Valenciana, al menos un 11%.
«El Gobierno seguramente presentará los Presupuestos Generales en el Parlamento a principios de abril y los diputados de Compromís vamos a estar vigilantes para que los valencianos nos trate con justicia. Entre otras cosas vamos a reclamar inversiones territorializadas y que nos llegue al 11% que nos corresponde por población, y que se prorrogue la disposición adicional 6ª que permite a los ayuntamientos poder gastar el superávit que han generado »
Además también ha anunciado que luchará para que se tengan en cuenta reivindicaciones históricas como el tren de la costa entre Gandia y Dénia, el contrato programa de transporte metropolitano de Valencia, el túnel pasante e inversiones en cercanías de València y Alicante, así como un trato justo en infraestructuras culturales marginadas hasta ahora, como el IVAM, el Palacio de las Artes o el Castillo de Sagunto, entre otros.
Precisamente la financiación municipal ha centrado buena parte de las intervenciones. La Secretaria Autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha explicado que «la ley de estabilidad presupuestaria que obliga a las corporaciones locales a mantener una situación de equilibrio o superávit presupuestario fue aprobada en un escenario con un déficit y una deuda descontrolado y una economía en contracción y que ahora se ha convertido en una trampa para muchos ayuntamientos »
La regla de gasto que incluye la Ley de Estabilidad Presupuestaria implica básicamente que el gasto de las administraciones públicas no podrá superar la tasa prevista de crecimiento del PIB (un índice que elabora anualmente el Ministerio de Economía), lo que obliga a que el gasto pública no pueda superar ese nivel, aunque tenga las cuentas saneadas. Esto obliga a los municipios que tienen superávit presupuestario a dedicar ese superávit a reducir el endeudamiento.
La Secretaria Autonómica ha destacado que muchos municipios, incluso con superávit y sin deuda, no pueden destinar ese dinero a inversiones, y citó el ejemplo de Meliana. «Meliana no tiene deuda. Dispone de un superávit de 620 mil euros del cierre presupuestario de 2016 y un remanente de ejercicios anteriores de 1’7 millones. Con ese dinero se iban a comprar unos terrenos para la construcción de un centro educativo o remodelar el hogar de jubilados, pero no se pueden invertir porque esto afectaría a la regla de gasto »
Maria Josep Amigó, la vicepresidenta de la Diputación de València, ha destacado que «todas las instituciones valencianas, a una voz, queremos reclamar respeto para los valencianos y que nos lleguen las inversiones que nos corresponden por justicia». Amigó ha defendido la labor que los municipios han hecho para ajustar sus presupuestos durante los últimos años y ha reclamado que el Gobierno flexibilice el techo de gasto para dar oxígeno a las políticas sociales muncipales.
Quico Fernánez, vicepresidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ha manifestado que hay unanimidad de todos los partidos políticos sobre la perversidad del sistema y ha denunciado que “el gobierno español tiene atrapados a los ayuntamientos con la Ley de Estabilidad. En Europa no hay ninguna norma que obligue una institución a destinar el superávit presupuestario a pagar deuda »
Para el su parte el portavoz de Compromís en la corporación provincial, Xavier Rius, ha declarado que «la situación es inaguantable y afecta a ayuntamientos gobernados por todas las formaciones. La tasa de reposición negativa (imposibilidad de cubrir las plazas que se quedan vacantes entre los empleados públicos), es una tortura y una muerte lenta y programada de los servicios públicos que atienden y benefician al conjunto de la sociedad ».
Rius ha recordado que «la Comunidad Valenciana es la segunda autonomía con menos personal público por habitante, en concreto tenemos 44’7 trabajadores públicos por cada mil habitantes, frente a los 80 que tiene Extremadura, lo que se deja sentir en la calidad de los servicios que ofrecemos los municipios »