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Los trabajadores del servicio telefónico de emergencias 112, a través de la Sección Sindical de la UGT, se han reunido con el diputado Paco Garcia Latorre en representación del Grupo Parlamentario de Compromís, al cual le han hecho llegar las reivindicaciones y la situación de precariedad en la cual se viene prestando el trabajo de este servicio tan importante en materia de seguridad y emergencias.

De hecho, apunta el diputado de Compromís, más de un centenar de profesionales del 112 atienden diariamente miles de llamadas y son el primer bastión cuando el ciudadano tiene un problema, sea sanitario, de seguridad o de emergencia. “Son la primera voz que escuchamos en situaciones muchas veces límite, con una carga psicológica, de estrés y responsabilidad sobre elevada”.

Desde hace años, este servicio ha ido incrementado su volumen de trabajo, incluso al mismo se sumaron las llamadas de emergencia sanitarias, mientras que el personal ha mermado y la precarización ha ido en aumento, estando solo el 28% de los trabajadores a jornada completa, el resto a jornadas parciales, concentrando esta precariedad en la bolsa de trabajo y los operadores. Los cuales son los que más carga de trabajo y peores condiciones laborales tienen.

Actualmente, apuntan los representantes de los trabajadores, está finalizado el contrato de prestación de servicio, y por tanto sería un buen momento para repensar la prestación del 112 por gestión directa por parte de la Generalitat a través de la Agencia de Seguridad y Respuesta a  las Emergencias. Para lo cual es preciso realizar un estudio de la situación del servicio y analizar en profundidad las posibilidades de integrarlo en la red de gestión pública.

Por parte de Compromís se ha querido hacer un reconocimiento expreso a la labor que realizan los empleados del 112 y se suman a la línea de trabajo que ha apuntado la Generalitat, donde se plantea a medio y largo plazo que el teléfono de emergencias de la Comunitat de la Plataforma Operativa vuelva a estar gestionado públicamente, tal y como ya se hace en otras Comunidades Autónomas. Y provisionalmente, mientras no se haga la integración en la red pública, se mejoren las condiciones de trabajo en lo referente  a turnos, servicios, conciliación familiar, salarios, reconocimiento profesional y condiciones del entorno laboral.