Bota al contingut principal

Compromís ha presentado hoy un recurso de amparo a la Presidencia del Congreso ante el uso “partidista, arbitrario y a la carta” del Gobierno del derecho de veto a las proposiciones de ley. La formación valenciana solicitó un informe de la Oficina Presupuestaria después de que el Ejecutivo se escudara en el principio de estabilidad para desestimar su iniciativa sobre la retribución a las fotovoltaicas. El Reglamento del Congreso permite al Gobierno recurrir a la estabilidad presupuestaria para rechazar el trámite de las proposiciones de ley de la oposición. Un mecanismo extraordinario que Rajoy ha convertido en habitual para trampear las incomodidades de una legislatura en minoría.

El diputado de Compromís Ignasi Candela niega que la iniciativa implique un aumento de gasto y ha solicitado a la Mesa del Congreso la reconsideración del acuerdo por el que no admite la tramitación. “Reclamamos la oposición de la Mesa, ya que el informe de la Oficina Presupuestaria incurre en todo tipo de errores: utiliza criterios diferentes, no explica la metodología utilizada y entra en juicios de valor que nada tienen que ver con el presupuesto”, ha señalado Candela.

El parlamentario ha explicado que el informe, en lugar de estudiar el impacto presupuestario, se basa en un análisis jurídico para avalar la decisión del Gobierno. Es por ello que desde la coalición han adelantado que, tras agotar la vía administrativa, acudirán al Constitucional porque el argumento del Ejecutivo contradice la sentencia del alto tribunal sobre el derecho de veto.

El criterio de la asesoría jurídica del Congreso reconoce también que el Gobierno solo puede desestimar las iniciativas que incrementen el crédito previsto en los Presupuestos Generales del Estado, condición que no aplica en la Proposición de Ley de Compromís.

Candela ha negado las razones de la Oficina Presupuestaria que consideran que aumento de gasto y “posible no reducción del mismo” son equivalentes. Ha recordado, además, que la Mesa del Congreso puede oponerse a la disconformidad del Gobierno cuando, como en este caso, carezca de motivación.