Compromís ha comprobado hoy en el turno de ruegos y preguntas del pleno de la Diputación de Alicante que el pacto de investidura que llevó a César Sánchez a dirigir el ente provincial no solo está roto la teoría, también en la práctica. Si un diputado del gobierno es imputado por distintos casos de corrupción, según respuesta del PP, dicho caso solo tendrá relevancia dentro de la institución provincial si la presunta corruptela afectara a la Diputación misma.
La contestación del Partido Popular a la pregunta de Compromís sobre determinados casos de presunta corrupción que afectarían al 33% de la bancada del PP en la Diputación de Alicante ha establecido un nuevo criterio dentro de la Diputación respecto al trato a aquellos diputados que estén afectados por casos de corrupción.
Mediante el portavoz del PP en el pleno, Carlos Castillo, la coalición ha podido conocer que apartar a un cargo público del ente que esté imputado solo se llevará a cabo si el presunto delito imputado tiene algo que ver con la gestión de la Diputación.
La respuesta de Castillo, por tanto, desdice al propio Sánchez e introduce un matiz en la declaración de intenciones del presidente, quien asumió el cargo bajo un aura de regeneración que ya está por los suelos. Y es que el primer punto del pacto que le llevó a dirigir la Diputación establecía lo siguiente en su punto 1: “Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política o por cualesquiera otros que por su gravedad causen una especial alarma social hasta la resolución completa del procedimiento judicial”.
Compromís ha obtenido esta respuesta por medio de la pregunta realizada por el portavoz adjunto, José Manuel Penalva, quien ha querido conocer el estado de los casos o investigaciones judiciales que afectan a los diputados del Partido Popular. La pregunta iba dirigida al presidente de la Diputación, que ha preferido delegar en su portavoz la respuesta.