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Compromís detecta irregularidades en 1.200 operaciones del plan de Choque sanitario de Camps y Fabra

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El síndic de Compromís en las Cortes, Fran Ferri, y la diputada Marian Campello han expuesto en Alicante unos hechos que constituyen un presunto fraude y una falta de control absoluta en el plan de choque de la sanidad valenciana entre los años 2006 y 2013. La investigación de la coalición ha destapado el caso de 86 personas derivadas a una clínica privada de Alicante por parte del director de Neurradiología del Hospital General Universitario de Alicante, quien también realizaba las operaciones y acabó facturando por estas 7. 188.596,14 euros a la Generalitat Valenciana a través de una empresa de su hija, Dagda Platinum SL. Compromís presentará ante fiscalía la documentación encontrada.

Este profesional acabó realizando 1.246 intervenciones a diversos pacientes con malformaciones ateriovenosas (MAV) en la clínica Medima, sin que existiera ningún convenio o acuerdo con la conselleria de Sanidad, tampoco una justificación del elevado número de intervenciones o precisión de gasto. “Encontró la manera de derivarse pacientes de la pública a la privada y de operarlos injustificadamente las veces que hiciera falta y que su hija cobrara por esas operaciones”, ha explicado Campello. El facultativo no tenía tampoco la autorización pertinente para hacer compatible su trabajo en el sector público con la función privada.

La primera de estas operaciones las cobró a cada paciente a 4.000 euros y las siguientes a 3.500 euros. Estas, conocidas como emboliaciones, consitían en la introducción de un microcatéter por dentro del sistema vascular para prevenir el riesgo de ruptura de la malformación mediante la aplicación de un producto sellador que bloquea la irrigación sanguinea en la parte susceptible de producir un derrame.

La literatura médica indica que estas intervenciones no es aconsejable realizarlas más de seis veces a la misma persona, siendo la media por paciente de tres operaciones. En este caso, hubo enfermos de la sanidad pública que fueron supuestamente operados hasta en 60 ocasiones en la privada. Un caso parecido es el de Katia, quien ha asistido a la rueda de prensa y fue una de personas que dio la voz de alarma Katia se puso en manos del facultativo y tras varias emboliaciones hubo de acudir a Urgencias del Hospital tras sufrir un fuerte dolor de cabeza producido por underramen cerebral. El médico que la atiende transmite que para intervenirla son necesarias las imágenes de las angiografías de sus operaciones en Medimar, a la que se le reclaman. LA sospecha en la paciente se dispara cuando la clínica responde que no dispone de ellas, “dijeron que habían borrado las imágenes de mi historia clínica por falta de espacio en el ordenador”, ha explicado la afectada.

Un servicio descontrolado

“Seguimos viendo cómo ha existido un sistema preparado para saquear las arcas públicas. No puede volver a ocurrir este descontrol en cuestiones como la salud de las personas”, ha continuado Fran Ferri, quien ha recordado que este plan de choque sanitario y las derivaciones al privado de los pacientes públicos arranca en 1996. “Fue un nuevo modelo que intentaba paliar las listas de espera. Lo que pasa es que se hacen derivaciones pero hay una falta de mecanismos que fijen cómo se debe aplicar este servicio. Como no hay ningún tipo de control pasan casos como el que tenemos aquí”.

Compromís ha realizado una proposición no de ley en la que se insta a protocolarizar estos servicios derivados al sector privado y se garantice su seguimiento a través de equipos multidisciplinares de cada caso, así como el establecimiento de medidas para adjuntar la historia clínica de cada paciente y aumentar el presupuesto público para luchar contras las listas de espera, entre varias propuestas.