Los diputados de Compromís en la Diputación de Alicante han hecho entrega a la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, de facturas por valor de 4 millones de euros del Ayuntamiento de Calp pagadas con reparos de intervención durante 2016 y 2017. La coalición da 15 días a Ortiz para denunciar al alcalde y presidente de la institución provincial, César Sánchez, para que actúe igual que hizo contra el Consell al tiempo que quiere advertirle de que la Diputación comienza a parecerse al Consell de Francisco Camps tras la detención del diputado de Bientesar, Miguel Zaragozas, y las investigaciones sobre vicepresidentes como Eduardo Dolón y Bernabé Cano.
Las facturas suponen el 5% del presupuesto calpino de los dos últimos ejercicios y corresponden al pago por la vía de enriquecimiento injusto de servicios básicos como son los de ambulancia, teléfono, recogida de basura, autobuses, biomasa para la piscina… Solo 2016, acumular 1.479 reparos de intervención por un importe total de 1.941.917 euros; y en 2017, 1.477 reparos para el pago de facturas por importe de 2.040.237 euros.
Compromís quiere destacar con esta acción la incoherencia del PPCV y su estrategia jurídica contra el Consell, al que se intenta manchar con presuntas sombras de corrupción. “El discurso de renovación que gasta el Partido Popular, así como su nueva vocación por denunciar lo que ellos consideran irregularidades, no tiene otro objeto que el de decir que todos somos igual de corruptos. Si pretenden combatir la corrupción seguramente deba saber la señora Ortiz que en la Diputación de Alicante tiene muchos trabajo y podrá encontrar altos cargos que han cometido actos que en Valencia ellos consideran como corrupción”, ha explicado el portavoz de Compromís, Gerard Fullana.
La coalición quiere dejar patente que no observa ningún indicio alguno de delito al entender que, como ocurre en el Consell, son pagos que se producen en las administraciones, entre muchas circunstancias, por imposibilidad de sacar un expediente ordinario para determinados servicios o por la extinción de contratos que no han sido posibles licitar en tiempo y forma.