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Compromís pide la mediación del Gobierno para proteger a la ONG española Proactiva Open Arms, investigada por la fiscalía italiana

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El diputado de Compromís Enric Bataller ha registrado hoy una pregunta parlamentaria en la que solicita la opinión del Gobierno ante la “persecución” de voluntarios, y organizaciones humanitarias en defensa de los derechos de las personas migrantes en tránsito, como la de la activista Helena Maleno o la de la ONG española Proactiva Open Arms.

El barco Open Arms, que se dedica al rescate de personas migrantes, se encuentra desde ayer inmovilizado en el puerto de Pozzallo, en la localidad siciliana de Ragusa. La fiscalía italiana, que también ha detenido a Marc Reig, capitán del buque, investiga a la ONG por “fomento de la migración ilegal y asociación criminal”, según ha informado el fundador de la organización en su cuenta de Twitter.

Bataller ha exigido la mediación del Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, para proteger la labor humanitaria de Proactiva Open Arms –que en los últimos tres años ha rescatado a unas 59.000 personas- y ha recordado que tanto la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos reconocen la obligación de los buques y de los Estados Parte a “garantizar la asistencia de las personas que se hallen en peligro en el mar”, al margen de su nacionalidad, condición jurídica o circunstancias en que estas se encuentren.

La investigación de las autoridades italianas, al parecer, deriva de la desobediencia de la ONG española ante las amenazas de los guardacostas libios durante un rescate a 73 millas de las costas de Libia, 48 millas más allá de sus aguas territoriales.

“El Gobierno debe velar por el cumplimiento de los tratados internacionales y, al menos, proteger jurídicamente a los salvavidas del mayor cementerio de Europa”, ha señalado el diputado de Compromís en referencia a las más de 2.500 personas que mueren cada año en el Mar Mediterráneo.

La formación valenciana ha expresado su solidaridad con la ONG y ha pedido información al Gobierno sobre las medidas que piensa adoptar para defender la legalidad de la organización y para garantizar la seguridad de los activistas españoles ante las sucesivas amenazas de los guardacostas libios.

En una entrevista reciente, el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos, Michael Forst, también mostró su preocupación por la creciente criminalización de los activistas e instó a los Estados a proteger a los defensores de estos derechos.