Anar directament a les notícies

Aitana Más “El PP de Alicante ha desperdiciado 2,7 millones en contrataciones para agilizar la tramitación de la Renta de Inclusión”

Publicat el en En castellano

Aitana Mas, portavoz adjunta de Compromís a les Corts Valencianes, ha criticado el
posicionamiento del Ayuntamiento de Alicante ante la reprobación del Síndic de Greuges
por los retrasos de tramitación de la Renta Valenciana de Inclusión. La diputada ha
recordado que solo entre 2017 y 2018 el equipo de gobierno recibió más de 2,7 millones
de euros exclusivamente para la contratación de personal de servicios sociales.

Tanto en 2017 como en 2018 la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas derivó al
Ayuntamiento alicantino subvenciones por valor de 1.368.112 euros para cada ejercicio
anual. Estas ayudas, de carácter nominativo (es decir, específicas para la contratación
de personal), suponían anualmente la creación de 53 puestos de trabajo para mejorar la
atención en los equipos de base de servicios sociales del consistorio.

“Lo que pone de manifiesto la reprobación del Síndic de Greuges al
Ayuntamiento es que la alcaldía de Alicante no se ha tomado en serio tener una
verdadera infraestructura de servicios sociales que sirva de puerta de entrada a
un sistema que al final solo busca hacer más fácil la vida a las personas”, ha
apuntado Mas.

La diputada ha señalado además que la Conselleria prevé para el Ayuntamiento de
Alicante otra subvención de 2.527.000 euros a lo largo de 2019, de nuevo con carácter
específico para la contratación de personal. La ayuda reúne la cantidad suficiente como
para que la concejalía de Bienestar Social pueda contratar a 106 personas.

En este sentido, la diputada alicantina ha destacado que el Consell del Botànic ha
trabajado desde 2015 para consolidar los servicios sociales como la cuarta pata del
Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones.

Por eso, en este ejercicio presupuestario, la previsión es que los ayuntamientos y
mancomunidades puedan contratar a 1.784 profesionales frente a los 352 trabajadores y
trabajadoras municipales que había al inicio de la legislatura.

Este incremento de las plantillas de profesionales permitirá una “reducción de la ratio”
de habitantes por profesional, lo que significa “aumentar el tiempo y la calidad de la
atención a los ciudadanos y ciudadanas, con una dedicación más personalizada,
más profesional y más cercana”, ha explicado. Con estas plantillas en los equipos
base de los servicios sociales municipales, la ratio se reduce de 12.743 habitantes por
profesional en 2015 a los 2.502 en 2019.