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Compromís ha vuelto a situar la defensa de la industria tradicional de nuestro territorio, en concreto el azulejo, en el centro del debate político. La comisión de Industria de les Corts Valencianes dio el visto bueno con el respaldo de todos los grupos excepto el PP –que se ha abstenido- a una nueva Proposición No de Ley del diputado de Compromís y alcalde de l’Alcora, Víctor Garcia, para “instar al Gobierno a establecer un marco jurídico específico de apoyo y fomento de la cogeneración, herramienta clave para la eficiencia energética, la sostenibilidad, la reindustrialización y la competitividad del sector del azulejo”. García, en su intervención, ha recordado que la cogeneración es un sistema energético clave, según la Comisión Europea, para lograr el objetivo de ahorro energético del 20% establecido en las directivas europeas de eficiencia energética.

“Pese a ser un modelo energético pionero, ambientalmente muy eficiente y esencial para una industria como el azulejo que concentra en nuestra tierra el 94% de la producción estatal, el Gobierno de Rajoy inició en 2012 una política contraria a la cogeneración”, ha lamentado García. “En decretos como el de enero de 2012 o la Ley del Sector Eléctrico de 2013, y más tarde la reforma eléctrica de 2014, el Gobierno de Rajoy ha ido torpedeando la cogeneración, circunstancia totalmente ilógica ya que, además, pone en riesgo miles de empleos y la viabilidad de decenas de empresas de nuestro territorio, especialmente en Castelló”, ha explicado el también alcalde de la ‘cuna de la cerámica’.

“La política energética de Rajoy y del PP ha provocado, según ACOGEN, que sólo en tres años casi el 40% de las plantas de 1.067 plantas de cogeneración existentes en el Estado hayan parado”, explica García quien destaca que “las reformas energéticas de Rajoy, según Ascer han supuesto un sobrecoste para el sector azulejero de 56,4 millones de euros, algo inasumible para la industria castellonense y valenciana”.

La propuesta de Garcia, que lamenta la tibieza del PP en la defensa de los intereses de la industria castellonense, reclama al Gobierno central modificar gran parte de la legislación energética del PP de los últimos tres años. Además incorpora la exigencia al Gobierno de “impulsar un plan de renovación de las actuales plantas de cogeneración existentes” en cumplimiento de la propuesta aprobada por la Comisión de Industria del Congreso del 28 de abril de 2016, hace ahora un año, y que el Ejecutivo del PP sigue sin aplicar.