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Compromís pide a la UE que no fomente la privatización de las pensiones

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La portavoz adjunta de Compromís en las Corts Valencianes, Mònica Álvaro, ha presentado una iniciativa para que el Consell y el Gobierno del Estado español pidan la retirada de la propuesta del producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) que mañana 11 de julio, y también al día siguiente, 12 de julio, se presenta en el seno del Consejo Europeo para ser aprobada. 

Según la también portavoz de Compromís en la Comisión de Política Social y Empleo en las Corts, “hay que impulsar las medidas necesarias para que los sistemas públicos de pensiones, como por ejemplo el europeo, garanticen unas pensiones dignas y suficientes. Y evitar la privatización en forma de planes individuales de pensiones que ahora se propone desde Europa”.

“El PEPP tiene como primer objetivo la creación de un mercado de capitales europeo dentro del ‘Plan de acción de la Comisión para la creación de un mercado de capitales’, de septiembre de 2015. La propuesta de la Unión Europea afirma que “un mercado de pensiones europeo más grande impulsaría también la aportación de fondo de inversores institucionales”. Y de todo esto se deduce que el PEPP no es, por lo tanto, un instrumento de protección social, sino un mecanismo de acumulación de capitales”.

“El despropósito y la irresponsabilidad llegan al máximo cuando la UE sugiere la inversión en ‘instrumentos derivados’ de altísimo riesgo, y que contribuyen a incrementar de manera exponencial la probabilidad y gravedad de las crisis financieras. Respecto a esto último, según la UE el PEPP permitirá “garantizar que los consumidores sean plenamente conscientes de los elementos clave del producto”. Pero, tal y cómo hemos comprobado, la rentabilidad de los productos financieros es incierta y parece bastante inverosímil que las trabajadoras y trabajadores sean plenamente conscientes de los elementos clave del producto y de los riesgos que corren. Pero además de esto, lo que más preocupa es que la UE renuncie al objetivo de que las pensiones públicas sean suficientes para los ciudadanos”. 

“Además, para promover la suscripción del PEPP, la UE exige que se establezcan desgravaciones fiscales en los Estados miembros, pero tal como advirtió la propia UE en 2013, las desgravaciones fiscales por las aportaciones a los planes de pensiones individuales son muy regresivas. Las trabajadoras y trabajadores de salarios bajos no pueden destinar ninguna cantidad a planes de pensiones y por lo tanto no desgravan, mientras que los perceptores de altos salarios y rentas del capital sí pueden hacer grandes aportaciones y desgravar”.

“Por otro lado, hay que advertir que si mañana el Parlamento Europeo aprueba el PEPP, puede acabar produciéndose un desvío de cotizaciones sociales que desviarían los ingresos de los sistemas públicos de pensiones hacia empresas privadas que obtendrán importantes beneficios. Por todo esto, es necesario que desde el Consell y desde el Gobierno central se exija a la Unión Europea la retirada de esta propuesta que tiene como objetivo el fomento de la privatización de las pensiones”, ha concluido Mònica Álvaro.