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Ponce: “L’ERO de Vaersa és un dels atacs més greus al Medi Ambient valencià”

Publicat el en Medi Ambient

Compromís lamenta que la petició de compareixença de la Consellera de Medi Ambient, Isabel Bonig, no haja prosperat per a la comissió d’aquesta vesprada, malgrat la importància del tema, tant en termes mediambientals com en llocs de treball.
El diputat de Compromís, Juan Ponce, sosté que l’ERO promogut pel Consell repercutirà en la qualitat i biodiversitat dels espais naturals valencians al deixar-los pràcticament desatesos.
Des de que es va anunciar l’ERO que afectaria a més de 400 treballadors i tècnics mediambientals, Compromís va presentar diverses iniciatives per a intentar paralitzar els acomiadaments. L’última d’elles pretenia que la consellera Bonig explicara els termes en els quals l’ERO es duria a terme però eixa compareixença no serà possible en la sessió d’aquesta vesprada. El responsable de Medi Ambient de Compromís, Juan Ponce, ha denunciat que “l’ERO de Vaersa farà desaparéixer la totalitat dels professionals pel que no hi haurà control de contaminació en les principals indústries valencianes, ni tampoc tindrem tècnics en els parcs naturals, ni hi haurà cap tipus d’acció ni estudis en l’àrea de biodiversitat”.

 
Compromís també ha manifestat la seua preocupació per la pèrdua de capital ingent de persones expertes en el nostre territori que estan controlant la major part d’instal·lacions industrials valencianes i ha recordat que “si desapareixen aquests professionals, també desapareixerà pla protecció del Medi Ambient valencià”.

 
En referència als acomiadaments que l’ERO generarà en l’empresa pública el diputat Juan Ponce ha reivindicat la tasca realitzada pel personal de Vaersa i ha declarat “que treballadors que havien d’haver sigut funcionaris fa molts anys, es vagen ara al carrer per la mala gestió de Fabra i Bonig”.

 

 

 

 

 

  • Saudade

    18 años. En 1994 la Conselleria de Medio Ambiente convocó la última oposición de técnico de administración especial grupo A que se recuerda. Este hecho es fácilmente constatable en la Conselleria, donde los funcionarios se mueven en un rango de edad media en torno a los 50 años.
    A pesar de haber transcurrido más de 18 años desde la última vez que nuevos funcionarios especialistas pasaban a hacerse cargo de la gestión ambiental de la Comunitat Valenciana, la avalancha de legislación ambiental procedente de la Unión Europea no había hecho más que empezar. Llego la Ley de Envases, la Ley de Residuos, contaminación atmosférica, autorización de actividades contaminantes, y un largo etcétera, pero el personal era el mismo, con alguna incorporación de funcionarios interinos, que llevan la mayoría más de 15 años en la administración sin haber tenido siquiera oportunidad de consolidar su plaza.
    Entonces, ante la avalancha de legislación de obligado cumplimiento, la Conselleria decidió aumentar su personal sin aumentar el gasto en el famoso capítulo I. Para ello se sirvió de la empresa pública Vaersa para contratar técnicos superiores y administrativos a través de los capítulos II y VI, junto con lápices, folios y grapadoras. A partir de 2000, las mesas de la Dirección General de Calidad Ambiental empezaron a llenarse de personas que no habían accedido a la administración a través de la función pública. Estos técnicos entraban con contratos de obra y servicio, que al principio se renovaban cada año, y cobraban sueldos significativamente inferiores a sus compañeros de oficina funcionarios, aunque la Conselleria pagara por ellos un plus que se traduce en pagas de "productividad" de los altos cargos de Vaersa.
    Sin hacer mucho ruido, estos técnicos precarios empezaron a hacer funcionar la Conselleria. Se autorizaron cientos de gestores de residuos, se implantaron sistemas integrados de gestión de envases, se resolvió la problemática de los desguaces de coches, se empezó a controlar la calidad del aire y los derechos de emisión, se implantaron controles y autorizaciones a las actividades más contaminantes, que son las que componen el tejido industrial más importante de la Comunidad Valenciana, como son las industrias cerámicas, químicas o agroalimentarias.
    Estos técnicos se responsabilizaban de la tramitación de expedientes, asumiendo tareas propias de funcionarios como son la inspección y comprobación de gestores de residuos y grandes industrias contaminantes, la redacción de autorizaciones, la tramitación de recursos, de legislación o de planificación como puedan ser las estrategias contra el cambio climático. En su trabajo diario estaba siempre como objetivo ofrecer un servicio público, sin pretender hacer ver la cesión ilegal de trabajadores que se ha venido produciendo desde que la Conselleria decidió no aumentar su cuerpo de funcionarios.
    Ahora, con la crisis, la Dirección General de Calidad Ambiental decide recortar su gasto, y promueve un ERE en el que va a despedir a estos técnicos que le han dado sus mejores años y han puesto todo su empeño en mejorar la calidad ambiental de la Comunitat, reduciendo la contaminación y agilizando las múltiple tramitaciones ambientales que nos exige Europa. No obstante, esta legislación sigue siendo la misma de obligado cumplimiento, y seguirán existiendo gestores de residuos e industrias contaminantes que requieren de tramitaciones ágiles para poder llevar a cabo su actividad.
    Cuando se consume la salida de estos trabajadores, se supone que los mismos funcionarios que hace 18 años tendrán que asumir esta carga de trabajo. Hay inquietud en el mundo empresarial sobre la incertidumbre que esto supondrá, ya que la falta de personal para atender sus requisitos ambientales puede provocar un colapso administrativo sin precedentes, en unos tiempos en que las iniciativas empresariales necesitan una respuesta rápida de la administración

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